Opinión

¿Por qué rechazar la Ley de Calidad?

Fernando Lezcano, S. Gral. Fed. Enseñanza de CCOO, y Miguel A. Rodríguez, S. Gral. Sin. Enseñanza de CCOO.

¿Cómo es posible que se convoque una huelga en contra del proyecto de Ley que se dice de «Calidad» y que tiene el propósito declarado de mejorar la cualificación del Sistema Educativo de nuestro país? ¿Será, como dicen algunos, que toda reforma educativa, per se, por bien planteada que esté, está abocada a recibir contestación? ¿Están locos los convocantes, o no les preocupa el deterioro de la educación? Al contrario, quienes convocamos la huelga de enseñanza del próximo día 29, lo hacemos porque estamos absolutamente convencidos de que este proyecto de Ley no sólo no ofrece soluciones a los problemas reales en los centros docentes, sino que va a ahondar en los desequilibrios actuales y se va a convertir en una carga de profundidad que puede llegar a hundir la enseñanza pública española

Desde el autismo de la mayoría absoluta, sin un diagnóstico objetivo en el que no sólo se destaquen los aspectos más sombríos-, sin un mínimo debate, huyendo del consenso y cediendo a las pretensiones de los grupos fácticos del país: conferencia episcopal (asignatura de religión) y patronal de la enseñanza privada (incremento de conciertos educativos), el Partido Popular pretende imponer un modelo educativo acorde con los postulados de la derecha política

El MECD promueve el enfrentamiento entre la red pública y la privada. Aunque éste no sea deseable desde el punto de vista de los intereses sociales y del sistema educativo, al Ministerio no parece importarle, como lo prueba su decisión de regular medidas que, objetivamente, pueden llevar a la red pública a convertirse en subsidiaria de la privada. Se empeora la normativa de admisión de alumnos, facilitando la selección del alumnado por parte de los centros y evitando el compromiso de distribución equilibrada del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, sin el cual el concierto se convierte en una regalía. Se abre la puerta a un incremento inusitado de las aulas concertadas para acomodarlo a la «demanda social de las plazas escolares» y se consagra la financiación de niveles no obligatorios (Infantil y FP). Se incrementa el volumen de financiación que absorberá el sector privado: en la memoria económica filtrada por los medios de comunicación el 80 % de la magra inversión prevista era para este sector

Una vez más una reforma educativa vuelve a olvidarse del profesorado, pese a las proclamas realizadas. Se ha desaprovechado la ocasión para regular un estatuto docente (como el que se está negociando en Sanidad) y reformar en profundidad la formación inicial del profesorado. Por el contrario, se ha limitado a introducir una serie de medidas ambiguas y destinadas al profesorado de Secundaria, que no representan ninguna medida efectiva.

Se recupera el cuerpo de Catedráticos, introduciendo un nuevo elemento de conflicto, fragmentando más los cuerpos docentes, con las consiguientes dificultades para el necesario trabajo en equipo. También, olvida el Ministerio ofrecer perspectivas de promoción y mejora al profesorado de Educación Infantil y Primaria.

El PP pretende romper con la cultura democrática en los centros, convirtiendo a los Consejos Escolares y el claustro en meros órganos consultivos, mientras se potencian los órganos unipersonales. Más grave aún es la instauración de un modelo de designación de los directores o directoras de los centros que en la práctica va a suponer la designación «a dedo» de auténticos comisarios políticos al servicio del poder político de turno.

La organización del sistema educativo que propone el MECD redundará en la reproducción del fracaso y en la institucionalización de la marginación social (aunque se la cambie de nombre o se pretenda ocultar bajo la alfombra), en una devaluación de la Formación Profesional, en una vuelta a una educación académica frente a una educación integral, y un aumento de las diferencias entre los centros públicos y entre éstos y los privados.

El MECD no tiene verdadera voluntad de cambiar las cosas, en tanto que tampoco demuestra una verdadera voluntad de financiar la educación. Por lo que sabemos (se pretende ocultar una memoria económica que muestra a las claras sus verdaderas intenciones), la financiación prevista es ridícula, la mayor parte destinada a la enseñanza privada, y la mayoría de las propuestas contempladas en el proyecto de ley se pretenden aplicar con la redistribución de los recursos existentes en la actualidad.

En semejantes condiciones, no es gratuito pensar que los cambios que promueve el Partido Popular recaerán sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de la educación, abusando una vez más de su voluntarismo y profesionalidad.

Por todo ello, entendemos que el día 29, que quienes conciben la educación como un instrumento para combatir las desigualdades de origen y formar personas autónomas capaces de desarrollar sus potencialidades en una sociedad democrática, tolerante y solidaria y en la que la red pública sea el eje vertebrador del sistema educativo y el profesorado ocupe el lugar que le corresponde por su responsabilidad social, se sumarán a la huelga de la enseñanza y a la manifestación que recorrerá las calles de Logroño. Están convocados para manifestar su compromiso con la calidad de nuestro sistema educativo y, por ello mismo, rechazar el proyecto de una Ley mal llamada de «Calidad».

© Diario La Rioja, 26/10/2002

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