Negar que la educación ha mejorado en los últimos años
es negar la evidencia. Es indudable que la educación española ha protagonizado avances
espectaculares, sobre todo en la escolarización cuantitativa, pero la sociedad avanza y
se desarrolla y esto produce cambios para acomodarse a ella. A un Gobierno con
responsabilidad se le exige que actúe acorde con los tiempos reales, con grandes y
valientes reformas, en este caso educativas, planteadas por quien tiene la obligación de
acometerlas, que no es otro que un Gobierno respaldado por más de diez millones de
españoles que le dijeron sí a su programa electoral.
La ministra de Educación, en el debate parlamentario,
dijo: «La educación no se encuentra ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni
debajo del tejido social, sino que ocupa el centro mismo». Yo añadiría que la
educación siempre estará en un rango superior porque es un valor superior.
Con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación que
estamos debatiendo se garantiza un sistema de integración y de oportunidades de calidad
para todos, no para algunos, como se señala malintencionadamente desde otros foros
políticos. Oportunidades que ofrecen a los jóvenes españoles una base sólida conforme
a sus aptitudes, intereses y expectativas, para desarrollar responsablemente su capacidad
de elección con las ayudas oportunas y atender, como es lógico, a unas edades
determinadas.
Esta Ley de Calidad de la Educación ya oferta desde el
principio la necesaria flexibilidad, porque es una norma exenta de dogmatismo. Así,
potencia los currículos, las técnicas instrumentales, las lenguas extranjeras, las
humanidades y las tecnologías de la información y de las comunicaciones para lograr una
educación de calidad.
La norma persigue el logro de varios objetivos
fundamentales. Así, se impulsan los hábitos lectores, la expresión oral y se establece
un sistema de verificación de conocimientos que fomente el esfuerzo del aprendizaje,
eliminando el injusto hábito de la promoción automática. Asimismo, la Ley otorga un
carácter más completo a la carrera docente, profesores más y mejor preparados y
reconocidos socialmente, se mejora la gestión de los centros y se refuerzan las funciones
directivas y de los órganos de gobierno. Por último, se establece la gratuidad en
Educación Infantil (3-6 años).
Pues bien, la Ley de Calidad de la Educación, además de
estos grandes objetivos, atiende a dos aspectos fundamentales: los itinerarios y los
programas de iniciación profesional (no confundir con la Formación Profesional), que
responden al sistema de integración y de oportunidades para nuestros jóvenes. Así, los
itinerarios son flexibles, voluntarios y reversibles. Los programas de iniciación
profesional, por su parte, están previstos para aquellos estudiantes que presentan
dificultades de aprendizaje en los estudios de Secundaria y necesitan acceder rápidamente
al mercado laboral.
La etapa de la máxima escolarización, consumida ya por
el sistema educativo español, deja paso a la etapa de la calidad. Esta Ley supone una
reforma conveniente para paliar deficiencias contrastadas y no es, en absoluto, una
ruptura. No hay que dramatizar, sino reflexionar y buscar soluciones adecuadas a las
necesidades de un sistema educativo que presentaba sustanciales carencias.
Informes solventes como los de INCE, Marchesi, Pichel, o
la OCDE señalan resultados preocupantes en materia educativa que colocan a España con un
nivel de fracaso escolar muy alto comparado con países de la Unión Europea. El Informe
Marchesi fija ese fracaso en el 23%. Es decir, uno de cada cuatro estudiantes no obtiene
el título de Graduado en Secundaria. Este estudio señala también que el 80% de los
alumnos de Garantía Social consideran que han fracasado por la falta de motivación
dentro del sistema educativo. A la vista de estas conclusiones, ¿acaso no se justifica
como necesaria esta reforma educativa?
Nos encontramos ante una reforma necesaria, habida cuenta
del diagnóstico educativo. Una reforma que garantiza la gratuidad en la Educación
Infantil, que fomenta la cultura del esfuerzo frente a la promoción automática, que
establece Itinerarios formativos en 3º y 4º de Secundaria, voluntarios y que conducen al
mismo título. La Ley se adapta a los nuevos tiempos y a las necesidades educativas que
demandan los estudiantes españoles, a través de grupos de refuerzo en determinadas
asignaturas para alumnos con dificultades académicas o adelantando el aprendizaje de
idiomas extranjeros y de las nuevas tecnologías, entre otras medidas.
Por todo lo expuesto, el Partido Popular considera que la
calidad en la Educación es, sin duda, la mejor inversión social posible. Si, además,
esta inversión redunda en una normativa que persigue la calidad de todos los escalones
del sistema educativo es, además de necesaria, fundamental.
© Diario La Rioja.
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